Mas de Un Candidato a Alcaldías de Córdoba Preocupados Por Estar Inhabilitados Según Nuevas Reglas de Juego del Concejo de Estado

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una de las dudas que no dejaban dormir a muchos funcionarios del 2018 era la falta de claridad que había respecto a la fecha en que se debía renunciar para no incurrir en inhabilidades e incompatibilidades

en el caso de Exministro del Interior Guillermo Rivera,  era sobre si la norma de inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular opera dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección. “Existen precedentes jurisprudenciales que han realizado una interpretación contraria y, en consecuencia, motivo el anuncio de renuncias de altos funcionarios del Gobierno pasado con el propósito de no inhabilitarse”.

En ese sentido, hay interpretaciones que exponen que para la inhabilidad de doce meses se toma como referencia la fecha de inscripción de la candidatura; mientras que otras sostienen que es al momento de la declaratoria de la elección por parte de la autoridad comicial.

Sin embargo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aclaró en el concepto que le hizo llegar a la cartera de gobierno que “los términos ‘elección’ y ‘fecha de elección’ al que se refieren las disposiciones estudiadas, corresponden al día en que se celebran los comicios”.

En ese sentido, el Consejo de Estado explicó en el citado concepto que “las inhabilidades establecidas en los numerales 3° y 5° del artículo 30 de la Ley 617 de 2000 y los numerales 2° y 4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en relación a quienes se desempeñan como ministros, directores de departamentos administrativos o tienen a su cargo la ordenación del gasto en esta clase de órganos, comienza a regir doce meses antes del día de la elección, entendida esta como el día en el cual se realizan las votaciones”.

el constitucionalista ALFEDRO BELTRÁN SIERRA explica una teoría que pone a pensar a más de uno que renuncio en octure convencido que esa era la fecha idónea para renunciar.

Este es un concepto orientador, pero no imperativo. Ellos no resuelven ningún litigio, analizan las normas y emiten una opinión con alta posibilidad de acierto por su investidura. Sin embargo, el concepto de la Sala de consulta no necesariamente vincula en caso de un proceso particular. Cuando ellos emiten concepto no hay controversia que resolver, puede haber controversia de carácter académico, pero no tiene fuerza vinculante porque no es una sentencia. No es tan seguro que ese concepto se acate por la Sección Quinta, en la que tengo entendido que hay otra interpretación. Allí puede haber otro criterio, lo que sugiere que la inhabilidad va desde la fecha de inscripción de los candidatos y no, desde la fecha de elección”.

 Ahora bien; como ya dizque por redundante no se debe decir funcionarios públicos, sino servidores públicos, estos tendrían otras limitantes para aspirar el año entrante a ser gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

En este caso el reconocido perito Mejía Mejía llama la atención, para que después no se pongan a llorar los candidatos que salgan elegidos, pero que después pierden sus curules por no atenerse a los cambios en la legislación en el caso de las inhabilidades.

Las inhabilidades clásicas para los aspirantes a ser gobernador y alcaldes las trae o las traía la Ley 617 del 2000 de Fortalecimiento Fiscal, pero según este experto todo cambió con lo dispuesto por la ley 1475 de Reforma Política del 2011. Para Mejía Mejía esta última norma legal derogó a la primera.

Básicamente la Ley 617 planteaba que un servidor público que ordenaba gastos, celebraba contratos y tenía jurisdicción y mando tenía que renunciar un año antes de las elecciones para no quedar inhabilitado a ser gobernador y alcaldes, que son los comicios que siguen. Así las cosas, esta norma de hace 18 años obligaba a esos funcionarios a dimitir antes del 27 de octubre de este año.

Sin embargo, como según el perito Guillermo Mejía la Ley 1475 varía lo dispuesto por la 617 en esos casos de inhabilidades, las cosas cambian. Y varían porque la ley de 2011 instauró que la inscripción de los candidatos se inicia cuatro meses antes de las elecciones y se extiende durante un mes.

En tal sentido, advierte que la teoría que maneja el Consejo de Estado, que es la autoridad judicial que dirime en última instancia estos casos, es que la campaña política arranca es con la inscripción de los candidatos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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